Sabemos que al llegar a una determinada edad, las personas comienzan a fallar no solo física, sino también mentalmente debido a enfermedades como el alzheimer o la demencia senil, la cuales, incluso, llegan a afectar su capacidad de toma de decisión. Por eso, es algo común que se quiera solicitar algún tipo de incapacidad.
En estos casos, son los familiares o allegados los que se encargan de dicho proceso; sin embargo, si puede hacerlo la misma persona siempre y cuando aún tenga plenas facultades para llevar a cabo todo el proceso de solicitud. Todo dependerá de la situación.
¿Quién puede solicitar la incapacidad?
Para solicitar la incapacidad legal para una persona mayor se debe acudir a un procedimiento judicial llamado “incapacitación judicial o legal”, para lo cual necesitarás de la ayuda de un abogado y procurador. Las únicas personas que puede iniciar el procedimiento para incapacitar a una persona mayor son:
- Cónyuge o pareja del incapacitado siempre y cuando convivan juntos.
- Hijos
- Hermanos
- Padres
- La propia persona
¿Cuáles motivos son válidos?
El equipo experto en cuidado de adultos mayores de la Residencia Geriátrica La Nueva Florida nos comenta que el motivo principal por el que se suele solicitar dicha incapacidad es debido a que la persona no tiene la capacidad suficiente para llevar a cabo acciones de importancia en el ámbito legal y jurídico; es decir, ya no dispone de la capacidad de obrar.
Esta incapacidad no quiere decir que la persona perderá sus derechos como ciudadano, ya que seguirá disponiendo de su capacidad jurídica; solo que ahora necesita de otra persona que custodie sus acciones.
¿Qué tipos de incapacitación existen?
Ya que no todas las personas se encuentran en la misma situación, ni tienen las mismas necesidades, existen diferentes tipos de incapacidades en función de cada caso en particular:
– Incapacitación total: La persona es incapaz de realizar ningún acto por sí misma, en cuanto al ámbito legal y jurídico. Por lo tanto necesita a otra persona que ejecute dichas acciones por ellos. En este caso, aparece la figura del “tutor”, que será el encargado de tal misión, el cual incluso puede ser provisional, hasta que se decida quien será el definitivo.
– Incapacitación parcial: Este tipo de incapacidad está dirigida a aquellas personas que debido a una incapacidad no pueden realizar todas las acciones del día a día por sí mismas y es necesario recurrir a una persona denominada curador, para que realice esas acciones que la persona incapacitad no puede desempeñar. En este caso es fundamental la presencia de un administrador patrimonial, puesto que alguien debe proteger y ocuparse los bienes de la persona que posee la incapacidad parcial. Eso sí, esta no tiene potestad sobre ningún otro aspecto de la vida de la persona incapacitada.
¿Cuándo se debe incapacitar a una persona mayor?
Hay varios motivos por los cuales se recomienda solicitar la incapacidad legal de una persona mayor. Algunas de las causas más comunes son:
– Al padecer una enfermedad psíquica o física.
– Sufrir un trastorno mental
– Ser portador de alguna enfermedad neurodegenerativa, como el alzhéimer.
– Contar con una discapacidad intelectual.
– Estar viviendo una situación de fragilidad o carencia de autonomía debido a un problema social.
Solo en presencia de alguno de estos casos es cuando podemos buscar la sentencia judicial emitida por un juez, que es la que hará constar la incapacidad. Esta, además deberá ir acompañada de una prueba pericial medica del enfermo, una valoración de parte de los equipos sociales o una inspección realizada por el propio juez, de forma que se corrobore que hay una causa real para incapacitar a la persona.
Además, hay que acotar que esta sentencia no es de carácter inamovible. La persona incapacitada puede empeorar y en este caso, podría pasar de tener una incapacidad parcial a una total o todo lo contrario, que recupere la capacidad de actuar y se tenga que revisar el proceso para revertirse.
¿Cómo solicitar la incapacitación de una persona mayor?
Lo primero que hay que hacer es presentar la sentencia judicial que expone la incapacitación, como hemos mencionado anteriormente, por lo que el proceso se iniciaría con una demanda de incapacitación que debe ser presentada en el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del incapaz.
El Fiscal estará presente durante todo el proceso, ya que este será la persona encargada de velar por los derechos de la persona mayor. Aquí, se pueden dar los dos siguientes casos:
- Una demanda presentada por la misma persona mayor que va a recibir la incapacidad: Aquí, el Fiscal será la contraparte; y se tiene que nombrar un defensor judicial que represente a la persona mayor, el cual puede ser un familiar o una persona cercana.
- Una demanda presentada por uno de los familiares citados anteriormente: en este caso, el Fiscal es quien representa a la persona mayor.
En ambos casos, se debe presentar la documentación correspondiente que aporte pruebas o causas de la incapacidad, ya sea enfermedad, informes médicos, u otros.
Asimismo, a lo largo de todo el proceso en el que trascurre la demanda, es necesario la presencia de un abogado y un procurador, con la siguiente documentación:
– Nombre y DNI del demandado.
– Certificado de empadronamiento y de nacimiento del demandado.
– Informes médicos, psicológicos, o sociales que certifiquen la incapacidad del demandado.
– El certificado de discapacidad
– La cantidad de bienes e ingresos del demandado.
– Nombre y domicilio de la persona que va a llevar a cabo la tutela.
Luego de presentar toda esta documentación, se dará lugar al proceso de incapacitación, teniéndose que poner el demandado en contacto con su abogado en un plazo máximo de 20 días, ya que si no la representación de la demanda la llevaría a cabo el Ministerio Fiscal o un defensor judicial asignado por el juez para que el demandado este representado.
La duración de este proceso por lo general abarca de unos 6 meses a 1 año, período dentro del cual se estudian los informes médicos del demandado, las valoraciones sociales, etc. Durante este tiempo, el juez también puede decidir llevar a cabo una inspección para evaluar la autonomía personal doméstica y social de la persona incapacitada.
Cuando la sentencia es efectiva y asigna a la persona la incapacidad total o parcial, dependiendo de cada caso, se le asignará a esa persona directamente una persona que hará el papel de tutor o curador otorgándole los derechos de la persona incapacitada. Como dijimos anteriormente, este suele ser un familiar o alguien cercano y de confianza que se ofrece voluntariamente o ha sido elegido previamente por la persona incapacitada. De no tener uno, se le puede asignar una entidad tutelar con cargo jurídico que lleve a cabo esta asignación, incluso de forma provisional.
Es importante acotar que la persona designada como tutor no está obligada a aceptar el cargo, sino se siente con la capacidad o facultad para desempeñarlo. Sin embargo, si lo acepta y lleva a cabo esta labor, debe de informar al juez con regularidad anual sobre bienes, situación personal y todo lo que concierne sobre la persona incapacitada.
¿Qué conlleva ser el tutor legal de una persona mayor?
Ser tutor de un mayor implica una serie de obligaciones que tienen como objetivo velar por el bienestar y la seguridad del tutelado. Para ello, es fundamental cubrir todas sus necesidades básicas como vivienda, alimento, sanidad, etc., además de la administración de los bienes y ciertos procesos administrativos extraordinarios, habiendo de dar cuenta de ello ante las autoridades judiciales.
¿Quiénes pueden ser tutores?
Para hacerse tutor legal de una persona mayor, se ha de cumplir lo establecido por la ley. Esto quiere decir que el juez asignaría al tutor de acuerdo a la prioridad establecida en el Código Civil:
- Persona designada por el tutelado
- Cónyuge que convive con él
- Padres
- Personas designadas por él en las disposiciones de última voluntad
- Al descendiente, ascendiente o hermano asignado por el juez
En caso de que la persona mayor incapacitada no tenga familiares ni ningún tipo de apoyo social, se puede designar como tutor a una persona jurídica como una fundación tutelar.
Sea cual sea el caso, el objetivo de este nombramiento es ofrecer el apoyo y protección que la persona mayor necesita por lo que la decisión tomada dependerá no solo de este orden sino también de que candidato es el más idóneo.
No obstante, las autoridades judiciales pueden modificar este orden prioritario establecido por la ley y otorgarle la tutela a otra persona en base a lo recogido por el Código Civil, que establece que NO podrán ser tutores legales de una persona mayor aquellos que:
- Por resolución judicial esté privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o total o parcialmente de los derechos de guarda y educación
- Hayan sido cesados legalmente de una tutela anterior
- Hayan sido condenados con sentencia de pena privativa de libertad
- Hayan sido condenados por algún delito que dé por supuesto que no ejercerán adecuadamente su labor
Además, el juez también puede no conceder una tutela por otros supuestos como la imposibilidad de hecho o por enemistad entre ellos, por ejemplo.
